16.4

Versión extendida:

Como se observó en el objetivo 16.3, las EAPs procedentes de la agricultura familiar son de aproximadamente 76.869 unidades según el último censo nacional agropecuario (2018). El alcance buscado (26.956) representa en términos relativos un 35% (teniendo en cuenta que una EAP es sinónimo de productor/a). Según el Primer Reporte de Progreso de la Implementación del segundo Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (2024) “En 2023 se logró financiar 16 proyectos, se alcanzaron 578 familias y se realizó una capacitación específica en  la temática. Se realizaron 29 capacitaciones agroecológicas a lo largo de todo el país, a un total de 813 productores”. Según estos datos, el avance a la actualidad es del 5,2%. Durante el 2024 y 2025 no se generaron políticas públicas destinadas a realizar capacitaciones, siendo las mismas en general brindadas por Universidades, el INTA e instituciones de investigación regionales. 

Algunas provincias avanzaron en el diseño de leyes específicas de promoción de la agroecología, como Misiones (Ley de Fomento a la Producción Agroecológica), Río Negro (Ley Marco sobre Producción Agroecológica y creación del SPG Ecomarcal), y La Pampa (Ley 3298 de Promoción del Desarrollo Agroecológico). En paralelo, otras jurisdicciones desarrollaron programas provinciales operativos como el PRODA en Neuquén, el programa de Promoción de la Agroecología en Buenos Aires, Activá tu Huerta en San Luis, o programas de huertas urbanas y familiares en Santa Fe y Córdoba.

Asimismo, en muchas provincias del NOA (Santiago del Estero, Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja) se constituyeron mesas provinciales de producción orgánica y agroecológica, que si bien representan espacios de articulación relevantes, no disponen de datos públicos sobre población alcanzada.

Un instrumento estratégico para avanzar en este objetivo fue el Programa de Nodos Agroecológicos Territoriales (NAT), creado en 2022 por la entonces llamada Dirección Nacional de Agroecología (DNAe), en articulación con RENAMA, la Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE), INTA, INAFCI, universidades y gobiernos locales. Su finalidad era fomentar el escalamiento territorial de la agroecología a través de la articulación entre productores, técnicos, municipios e instituciones educativas. Su diseño contemplaba el relevamiento participativo de actores, diagnósticos locales, formación técnica, cogestión y planificación interinstitucional, con enfoque federal. Sin embargo, el programa no recibió financiamiento en 2023 y fue interrumpido tras la disolución de la DNAe, debilitando severamente las herramientas institucionales disponibles para alcanzar el objetivo.

El Programa de Nodos Agroecológicos Territoriales (NAT) logró establecer o iniciar procesos de conformación en al menos 8 provincias argentinas, abarcando todas las regiones del país. Estos nodos fueron coorganizados con universidades públicas (como la UNR, UNL, UNRC, UNLPam, UNLu y UNMDP), el INTA y actores locales. 

Un informe realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Fundación Rosa Luxemburgo (2024) relevó 51 políticas públicas asociadas a la producción. De éstas, 49 políticas fueron implementadas en detrimento de la producción, y  al menos 34 afectan directamente a la agricultura campesina e infígena, así como a productores familiares. 

Entre las principales intervenciones se destacan la disolución de la Dirección Nacional de Agroecología, la intervención del INAFCI, la eliminación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de la Ley de Emergencia Territorial, así como la prohibición de investigaciones del INTA en temas como agroecología, cambio climático y sustentabilidad. También se discontinuaron programas fundamentales como Sembrar Soberanía Alimentaria, Mujeres Produciendo Alimentos, Sembrar Igualdad, la Asistencia Crítica a la Agricultura Familiar, y el Programa de Inserción Económica de Productores Familiares. La eliminación del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), el recorte del presupuesto del INTA y la pérdida de marcos legales de protección como las leyes de compre nacional y de radicación yerbatera, profundizan el retroceso.