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La asamblea general de las Naciones Unidas En la Agenda 2030 instó a adoptar “medidas audaces y transformativas que se necesitan urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia”, del mismo modo lograr “hacer realidad los derechos humanos de todas las personas”1. En este contexto, la Argentina, inserta en el mercado global como nación agroexportadora, presenta desafíos complejos para garantizar el acceso a alimentos sanos, variados y nutritivos a la vez que implementa sistemas resilientes frente al cambio climático y un modelo de desarrollo sostenible. En los últimos 30 años, los cambios en el uso del suelo asociados a la expansión de la frontera agropecuaria, la extracción de materias primas, procesos asociados al neoextractivismo, van en detrimento de la biodiversidad, la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas, planteando  escenarios complejos en el cumplimiento de los ODS de la agenda 20302. Además, el modelo de desarrollo neoextractivista, propulsado por el auge de los commodities, promueve la concentración de tierras y de capital, aumentando la pobreza rural y la fragmentación de hábitats2.

La Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de la República Argentina plantea como líneas prioritarias de acción el “Aumento de la superficie cultivada con cereales (trigo y maíz) y disminución de la superficie ocupada con oleaginosas (soja y girasol)” y  “Actividades productivas integradas y el uso múltiple de bosques nativos, manteniendo sus funciones ecológicas y sus servicios ambientales de forma perpetua.” 4. 

En este marco, la agroecología como modelo holístico e integrador, promueve sistemas diversos y resilientes utilizando para ello principios y elementos co-participativos, desde la producción hasta el consumo 3.

En la actualidad, existe sólo una norma nacional que promueve en cierta medida este tipo de enfoque productivo, la Ley N° 25.127 de producción ecológica, biológica u orgánica, sancionada en el año 2002 cuya autoridad de aplicación es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). A nivel provincial, Misiones y La Pampa poseen una Ley de fomento a la Producción Agroecológica. A nivel municipal, la RENAMA es una Red de Municipios que fomentan la Agroecología y cuenta con 25 municipios en todo el país que aplican programas o actividades tendientes a promover sistemas alimentarios resilientes y diversos  en su territorio.

Se realizó un relevamiento por provincia de capacitaciones, jornadas y talleres brindados tanto a funcionarios públicos como a productores y público en general. Las fuentes consultadas fueron las plataformas gubernamentales oficiales de difusión, así como plataformas de noticias locales y medios de comunicación.

A partir de los relevamientos, entre 2022 y 2025 se identificaron al menos 48 actividades de formación en agroecología en 16 provincias. Estas acciones incluyeron talleres, cursos, ciclos formativos, jornadas, ferias y encuentros multisectoriales. Participación de más de 74 instituciones públicas y organizaciones sociales. Las Iniciativas de dichas capacitaciones fueron  impulsadas por municipios, universidades, INTA, SAFCI, programas provinciales y organizaciones de base. Sólo en 7 provincias se registró el número de personas alcanzadas por la capacitación, que varió entre 60 y 500 participantes.

Entre los ejemplos más destacados:

• Buenos Aires: Red de facilitadores de agroecología (500 participantes)
• Corrientes y Misiones: Ciclos de formación INCUPO (privados)
• Mendoza: Talleres coordinados por la Dirección Nacional de Agroecología
• Chubut: Capacitaciones articuladas entre Ciencia Chubut y el Ministerio de Ambiente.
• Tucumán, Salta, Catamarca y Jujuy: Activación de nodos territoriales, encuentros regionales y experiencias participativas.

Según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, unas 3,3 millones de personas en nuestro país son funcionarios públicos. El 66% de estos empleados corresponden a gobiernos provinciales, el 21% al Estado nacional y el 13% a municipios. Respecto de los productores, 249.663 son las EAPs registradas en el Censo Nacional Agropecuario. El universo a capacitar corresponde a un total estimado de 3,5 millones de personas distribuidas de forma desigual en todo el país. El objetivo de capacitar al 35% de este universo objetivo corresponde a un estimado de 1,2 millones de personas entre funcionarios y productores agropecuarios. Considerando únicamente los datos confirmados y aplicando una estimación prudente de 50 personas por capacitación en los casos sin información explícita, se estima que el alcance máximo posible de estas actividades fue de aproximadamente 3.000 personas capacitadas o sensibilizadas a nivel nacional. Aun tomando este valor como techo, el avance resulta significativamente limitado.

Durante 2022 se lanzó el Programa de Nodos Agroecológicos Territoriales (NAT), como política pública nacional impulsada por la Dirección Nacional de Agroecología (DNAe), en articulación con SAAE, RENAMA, INTA, INAFCI, universidades y gobiernos locales. Su función era facilitar la articulación institucional en territorio, la formación y organización de redes agroecológicas regionales y la visibilización y acompañamiento de experiencias productivas.

 

Se conformaron nodos en Santa Fe, Jujuy, Misiones y Río Negro, entre otros. Sin embargo, el programa no recibió financiamiento en 2023 y su continuidad fue interrumpida tras la disolución de la DNAe, lo que implicó la pérdida de una herramienta clave para el escalamiento territorial de la agroecología. Este programa podría permitir un seguimiento claro y cuantitativo del objetivo propuesto, pero con su disolución la capacidad de medición de avance resulta imposibilitada.

Por lo tanto, el avance hacia el cumplimiento del objetivo del 35% se encuentra fuertemente condicionado por la falta de sistematización, la desigualdad territorial en cuanto al nivel de capacitaciones y la discontinuidad institucional en el desarrollo de programas.

La interrupción del Programa de Nodos Agroecológicos Territoriales en 2023 constituye un retroceso significativo para el acompañamiento técnico, la articulación territorial y la planificación estratégica de la transición agroecológica a escala nacional.